La llegada de las personas desplazadas ucranianas se ha incrementado a la misma vez que las fuerzas rusas avanzan. En Canarias, ya se han tramitado 380 permisos de trabajo y residencia. De los cuales, 253, concentrados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Las Palmas la cifra asciende a 127.
El dato representa un 1,5% del total de peticiones de asilo a nivel nacional, que rozan las 25.000, según el Ministerio del Interior. Las comunidades autónomas que más trámites están gestionando son Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña, por otro lado, los principales lugares de entrada son Alicante y Barcelona.
España es el cuarto país con mayor presencia de residentes procedentes de Ucrania, lo que trae consigo que el efecto llamada será superior. Por ello, el Estado ha puesto en marcha una planificación administrativa para poder agilizar los trámites y así intentar evitar posibles colapsos en las oficinas.
El Ministerio se ha comprometido en conceder las autorizaciones en 24 horas y permite trabajar y residir en el país por un plazo de un año, ampliable a tres. Además, garantiza los recursos de acogida, apoyo financiero y acceso a la sanidad y educación.
Esta protección temporal se ha hecho extensible también a las personas ucranianas que se encontraban ya en España de forma irregular y a extranjeros de terceros países que residían legalmente en Ucrania cuando estalló la guerra.
Las cifras manejadas por el Gobierno no revelan la dimensión real de los desplazamientos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que cuantificarlos resulta complicado. Según sus cálculos, alrededor de 80.000 refugiados han llegado al conjunto del Estado desde el inicio de la invasión, y solo alrededor de la mitad están documentados o tienen cita previa para hacerlo. Es decir, el 50% ni si quiera habría iniciado los trámites de acogida.
Por otro lado, tampoco sabemos cuántas de estas personas terminarán por vivir indefinidamente en España, es decir, que se instalen. La gran mayoría continúa en territorios fronterizos, sobre todo en Polonia y, en cualquier caso, la actual cifra española es mínima si se pone en el contexto de las casi 4 millones de personas que han huido de Ucrania.
Frente a esta situación, Las Islas Canarias se han mostrado solidarias en lo que respecta a la acogida, también de los menores de edad, pese a la presión que la crisis migratoria ejerce a las islas, Una postura que han pedido que aplique en el resto del Estado de manera semejante para todas las personas refugiadas de diferentes nacionalidades.
